La formalización de Ángela Vivanco marca un punto de quiebre en la historia reciente del Poder Judicial chileno. Exministra de la Corte Suprema, Vivanco quedó en el centro de una investigación que destapó lo que hoy se conoce como la “trama bielorrusa”: una red de contactos, gestiones y presiones que habría buscado influir en decisiones judiciales de alto nivel.
El caso no solo expone eventuales delitos individuales, sino que revela un problema estructural: la posible captura de instituciones por intereses externos y privados. La figura de Vivanco, hasta hace poco símbolo de poder y trayectoria, pasó rápidamente de la cima judicial al banquillo de los imputados.
Más que un escándalo puntual, la trama bielorrusa reabre una pregunta de fondo para la democracia chilena: ¿qué tan blindado está el sistema de justicia frente a redes de influencia y corrupción? La respuesta ya no se juega solo en tribunales, sino también en la confianza pública.
